José María Enríquez Negreira, el ex número dos de los árbitros españoles durante casi dos décadas, ha mantenido este martes su silencio sobre los pagos millonarios que recibió del FC Barcelona. Negreira, que estaba citado como investigado por haber cobrado 7,3 millones de euros del club azulgrana, se ha acogido a su derecho a no declarar. La decisión es lógica si se tiene en cuenta que su defensa alega que sufre alzhéimer y que no está en condiciones de afrontar el proceso penal. El previsible silencio del exdirigente del Comité Técnico Arbitral (CTA) deja la investigación en el punto en el que estaba, sin que se haya podido determinar por ahora el motivo real de unos pagos que, según la investigación, constituyen un delito de corrupción en el deporte.
El juez que investiga el caso Negreira, Joaquín Aguirre, citó como investigado a Negreira tras recibir un informe de los forenses que lo exploraron para determinar si sufría síntomas de demencia. Los expertos llegaron a la conclusión de que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo pero no está incapacitado para declarar ni para afrontar un proceso penal. Aconsejado por su abogado, Daniel Pérez-Esqué, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar en una breve comparecencia en la Ciudad de la Justicia de Barcelona rodeada de una enorme expectación.
La única explicación de Negreira sobre los pagos del Barça la dio a los inspectores de la Agencia Tributaria que indagaron sus empresas y las de su hijo, Javier Enríquez. Durante 17 años, coincidiendo con su etapa como vicepresidente del CTA, Negreira recibió 7,3 millones que, según el club, fueron por labores de asesoramiento que nunca se han concretado. En octubre de 2021, tres años después de que acabaran los pagos, compareció ante Hacienda y, preguntado por los servicios que prestaba a la entidad, dio su respuesta. Negreira dijo que se trataba de un “asesoramiento técnico” relacionado con los arbitrajes al club. Y añadió: “Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en contra del club, que todo fuera neutral”.
El caso Negreira investiga delitos de corrupción en el deporte, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo. Además de Negreira y su hijo, permanecen investigados los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, pero también el actual presidente, Joan Laporta, por los pagos que afectan a su primer mandato (2003-2010). La sospecha de los investigadores, no corroborada por el momento por fuentes documentales ni testigos, es que el dinero recibido por Negreira pudo servir para comprar la voluntad de los árbitros y beneficiar al club azulgrana en competiciones estatales.
La declaración de Negreira es un paso más en una investigación a la que el juez dio un impulso en otoño de 2023. Aguirre ordenó el registro de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ante la sospecha de que no se le estaba facilitando toda la documentación e incluyó un nuevo delito en la causa: cohecho. Según el criterio del juez, al que se opone la Fiscalía, la condición de Negreira es equiparable a la de funcionario público, por lo que puede atribuirse a los investigados el delito de soborno. El juez tomó otra decisión para tratar de hacer avanzar la investigación: a través de la Guardia Civil, tomó declaración a 21 árbitros y exárbitros para aclarar si conocían el origen e los pagos. Ninguno de ellos pudo dar una respuesta definitiva, pero todos coincidieron en afirmar que los pagos no pudieron influir en ningún caso en su trabajo ni el de sus colegas y que, por tanto, no pudieron influir en los resultados de la Liga o la Copa del Rey.
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