Estados Unidos ha dicho que está buscando la declaración de culpabilidad de Boeing para evitar el procesamiento por el accidente del 737 Max.

El acuerdo de 2021 ha enfurecido a las familias de las víctimas del accidente, que durante mucho tiempo han argumentado que Boeing y sus ejecutivos deberían enfrentar mayores consecuencias, incluido un juicio público. Muchas de esas familias han llegado a acuerdos civiles con la empresa, aunque un puñado están llevando a cabo juicios por daños civiles que se espera que comiencen a finales de este año.

En 2022, un jurado de Texas absolvió a un expiloto técnico de Boeing, Mark A. Forkner, de defraudar a dos de los clientes de la compañía, en el único caso penal iniciado por el gobierno federal contra un individuo vinculado a los accidentes.

El Departamento de Justicia también abrió una investigación criminal contra Boeing por un vuelo de enero en el que un panel detonó un avión Max operado por Alaska Airlines. No se reportaron heridos graves, pero el accidente reavivó la preocupación entre los legisladores y el público sobre la calidad de los aviones Boeing.

Desde entonces, la compañía ha anunciado una serie de cambios, que incluyen capacitación ampliada, planes y procedimientos simplificados y un mejor control de calidad de los componentes de los proveedores. Como parte de ese esfuerzo, Boeing planea comprar un proveedor en dificultades, Spirit AeroSystems, que fabrica las carrocerías de sus aviones 737 Max y 787 Dreamliner.

El nombramiento de un supervisor federal como parte del acuerdo de culpabilidad representa una posible reprimenda a la FAA, que supervisa a Boeing. La agencia había sido ampliamente criticada por las fallas que llevaron a los incidentes, incluida la de darle demasiada libertad a la empresa para monitorear la calidad y la seguridad en nombre del gobierno.

Desde entonces, la FAA ha cambiado sus prácticas, limitando las circunstancias en las que delega su autoridad y realizando una amplia gama de otros cambios. Después del episodio de Alaska Airlines, la agencia aumentó su presencia en la fábrica Max de Boeing, limitó la producción de la compañía e impuso otras restricciones a Boeing.

Marco Walker contribuyó a la redacción del informe.

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