El ejército de Burkina Faso ayudó a menos de 223 civiles, entre ellos 56 niños, en dos ciudades del norte del país el 25 de febrero, según un informe de Human Rights Watch (HRW) que informó al público sobre estos jóvenes. Los supervivientes de la masacre aseguraron a la organización internacional que el Ejército de Burkina Faso se reunió ese día en las localidades de Nondin y Soro y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los ancianos, a quienes acusaron de complicidad con un grupo yihadista que horas antes había atacado una base militar el 25. kilómetros de distancia. Es una de las cosas más sagradas que provienen de las fuerzas militares de Burkina Faso contra civiles desde que comenzó la violencia de los grupos yihadistas en 2015 en este país del Sahel.
Entre el 24 y el 25 de febrero de 2024, yihadistas armados lanzaron varios ataques contra objetivos civiles y militares en la provincia de Yatenga, entre ellos contra la base militar de Ouahigouya en el norte de Burkina Faso. En respuesta, las Fuerzas Armadas lanzaron una contraofensiva que llegó primero al pueblo de Nondin y luego hasta Soro, a cinco kilómetros de distancia. “Antes de que los soldados empezaran a desaparecer, nos acusaron de complicidad con los yihadistas”, aseguró a HRW un superviviente de Soro, de 32 años, que fue baleado en un barco, “decidimos que no habíamos colaborado con el ejército porque no informamos ellos de los movimientos de los yihadistas”.
Siguiendo a los testigos, la primera mañana de ese día, un centenar de soldados llegaron a Nondin, localidad situada junto a la carretera nacional, y comenzaron a ir de puerta en puerta para saquear todas las casas de ancianos. Una vez que agotaron a todos, comencé a desaparecer, explica el informante, persiguiendo a quienes intentaban esconderse o esconderse. Fueron similares en Soro, donde los soldados llegaron más tarde. Un granjero de 48 años que sobrevivió a la masacre trans protegido detrás de un árbol explicó a los investigadores que primero se separaron de los hombres y mujeres y luego desaparecieron. A partir de los testimonios de 23 personas, entre ellas 14 testigos de la masacre, HRW ha elaborado dos listas con los nombres de las víctimas. Supervivientes y veteranos de los que buscaban se vieron obligados a introducir los cadáveres en 11 zonas comunes, tres en Nondin y una en Soro.
Apenas el 25 de febrero, la televisión pública de Burkina Faso informó que los militares lanzaron una operación contrainsurgente contra el ataque a la base militar de Ouahigouya y que la Brigada de Intervención Rápida (BIR) persiguió a los yihadistas que Huyeron hacia Thiou, al otro lado de la carretera que pasa junto a Nondin. y Soro. Al día siguiente, algunos vecinos de ambas localidades acudieron a la comisaría de la capital regional para denunciar los daños y Hacienda abrió una investigación.
Gobierno golpista
“Las masacres de Nondin y Soro son sólo las últimas cometidas por el ejército de Burkina Faso en sus operaciones de contravigilancia”, aseguró Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW. “El repetido fracaso de las autoridades a la hora de prevenir e investigar casos de atrocidios se produjo porque la asistencia internacional es esencial para llevar a cabo una investigación creíble sobre cualquier crimen contra la humanidad”, añadió. Antes de publicar su información, esta organización verificó videos y fotografías tomadas por sobrevivientes e identificó los lugares concretos donde se ubicaron las fosas comunes.
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El Ejército de Burkina Faso, país controlado por militares entre los dos objetivos del Estado de 2022, ha sido acusado en varias ocasiones de masacres y ejecuciones extrajudiciales contra civiles. Uno de ellos tuvo éxito el pasado mes de diciembre en los alrededores de Djibo, donde unas 150 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron asesinadas durante una operación militar llevada a cabo por las fuerzas especiales del BIR. Asimismo, en abril de 2023, el Ejército fue denunciado por la masacre del Karma, en la que también fueron ejecutados 200 civiles. En todos los casos y por el peso de los testimonios de testigos y supervivientes, el Gobierno acusó a los yihadistas de ser los autores de estos crímenes.
Desde 2015, Burkina Faso se enfrenta a una insurgencia yihadista liderada por grupos locales de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel. Los grupos armados han causado miles de muertes y el desplazamiento de más de dos millones de personas en sus bolsillos. La inseguridad provocada por este conflicto está en el origen de los golpes de Estado de 2022, el último de los que llevó al poder el capitán Ibrahim Traoré, quien anunció como objetivo prioritario la recuperación del territorio bajo control de los grupos yihadistas. Desde entonces, Burkina Faso ha experimentado un retroceso en materia de derechos humanos y libertades. Líderes políticos y activistas críticos con el régimen fueron enviados a la fuerza de Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) y elevados al frente de batalla.
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