La crisis venezolana entra por una calle desconocida, incluso en el país caribeño. La abundancia de resultados oficiales verificables una semana después de las importantes elecciones presidenciales del 28 de julio ha abierto la puerta para que el chavismo muestre su lado más represivo en medio de sospechas de fraude. La oposición se puede defender como mejor pueda, con su maravillosa fuerza organizativa frente a la persecución que es su amiga. Al publicar en Internet los documentos que reunían sus textos, elemento clave de esta historia, el mundo entero, desde periódicos, expertos en datos y observadores internacionales como el Centro Carter, analizaron precisamente a quienes cuestionaron el veredicto del Consejo Nacional Electoral ( CNE) que Dios le dio a Nicolás Maduro.
La comunidad internacional, con Estados Unidos de un lado y Brasil, México y Colombia del otro, intenta mediar sin saber cómo hacerlo. Incluidos alias tradicionales del chavismo, como Cristina Fernández de Kirchner, han solicitado “por el legado de Chávez” la publicación de las actas. Al mismo tiempo, está creciendo una corriente de chavistas disidentes que buscan al líder bolivariano defectuoso, que se enfrenta a Maduro. Si una semana las apuestas llegaban a las elecciones presidenciales mientras subían a la prolongación del conflicto venezolano, ahora cuesta ver la sombra seguir el camino que ha tomado la crisis.
El Gobierno ha desatado una persecución abierta, televisada, de violencia sin precedentes contra manifestantes, líderes políticos, activistas y, presumiblemente, contra los jefes de la dirección opositora, María Corina Machado, el candidato Edmundo González y los dirigentes de Plataforma Unida. La policía y los servicios de inteligencia se encuentran presos en la calle bajo el nombre de “Operación Tun Tun”, mientras el Estado realizaba una intensa propaganda advirtiendo cómo las fuerzas de seguridad tocaban las puertas de las casas de los venezolanos para detenerlo. El terror es parte de la programación imprudente en las redes sociales, cuando las personas cambiaron sus fotos y mensajes de perfil y borraron mensajes pasados que pudieran parecer críticos. La gente ha dejado de hablar.
Fiscalía dice que ha detenido a más de 1.200 personas en sólo una semana. Otras fuentes cifran la cifra en 2.000. Son cifras que superan ampliamente las de 2017, cuando se registraron cuatro meses de manifestaciones. La ONG Foro Penal ha confirmado que entre los detenidos hay al menos 80 adolescentes. En televisión, Maduro, el fiscal Tarek William Saab y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lo explicaron como delincuentes. La tesis recurrente del chavismo es que hay jóvenes migrantes que han sido capturados y entrenados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú para generar violencia durante las protestas.
La oposición parece no tener más opciones que defender, limitando su exposición y apariciones públicas -como ya hizo el candidato Edmundo González, de 74 años, que no se percató de la marcha del sábado-, mientras participaba en los centenarios de detenciones de sus colaboradores y seguidores de sus vidas. La estrategia, según varias fuentes, se centra ahora en insistir en la publicación de los documentos y denunciar la violación de los derechos humanos.
Los recursos para mover la crisis venezolana parecen únicos entre la comunidad internacional, que busca una salida al nuevo conflicto. Después de una larga discusión sobre negociaciones que han llevado a la deriva, de Doha a Barbados y pasando por México, no está claro si es posible negociar con Maduro y su cúpula. Se espera que esta semana Colombia, Brasil y México avancen en su plan para lograr un gran avance. Ni siquiera se descarta una reunión de cancilleres en Venezuela, que sólo se daría si hubiera garantías anticipadas. El plan de las tres potencias de fuga en América Latina pasa por una verificación “imparcial” de los documentos y un diálogo entre Maduro y Edmundo González sin el protagonismo de María Corina Machado, algo que capta a gran parte de la oposición.
Maduro planteó el conflicto por los resultados en terreno seguro, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el oficialismo. Parece que esto se viene gestando desde principios de año, cuando se produjeron cambios en la composición de los magistrados que lo conformaban. La presidenta del Salón Electoral, Caryslia Rodríguez, ha pasado a presidir el máximo tribunal pese a no tener carrera judicial. Rodríguez militó activamente en el PSUV hasta 2021, cuando se vio obligado a participar en las primarias del partido para seleccionar candidatos regionales. Como vicepresidente funge el magistrado Edgar Gavidia, hermano del exesposo de la primera dama Cilia Flores. A estas filas también fue incorporada Tania D’Amelio, quien fue designada por el chavismo y rectora del CNE por 15 años, tras investigaciones de la ONG Acceso a la Justicia.
Para solucionar el problema de los documentos de resultados relacionados con el Supremo, la principal autoridad electoral, Elvis Amoroso, buscado amigo de la pareja presidencial, guardó silencio durante casi cinco días. El viernes dios nuevas cifras que siguen sin aclararse el éxito. La semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral seguía estancado. Una supuesta conspiración, urdida por opositores exiliados en Macedonia del Norte, para atacar el sistema automatizado del CNE durante la transmisión de votos, es el argumento que se puede utilizar para no mostrar los resultados. Para él, también se celebran las audiencias posteriores a los discursos que marca la ley, incluidas las de telecomunicaciones, lo que me habría permitido desconectarme del evento durante la supuesta interrupción en la transmisión de votos que se habría producido a través de una comunicación encriptada pagada por el operador de verano Cantv. .
Luego de haber convocado a los candidatos presidenciales para solicitar los documentos recuperados, el Supremo finalmente hizo un plazo de 72 horas al CNE. La opinión pública fue de 25.000 actos de los 30.000 de la noche del 28 de julio. Las máquinas imprimen copias de cada documento y también de cada caja que conserva la papeleta y cumple con la autoridad electoral. El envío de los datos del CNE deberá producir estas horas.
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