Pérdidas y daños representa un elemento central en las negociaciones climáticas internacionales y se refiere a las consecuencias negativas del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante acciones de mitigación ni resolverse por completo con medidas de adaptación. Incluye tanto perjuicios económicos, como daños en infraestructuras, disminución de la producción agrícola o costos de recuperación, y también pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de poblaciones, la extinción de prácticas culturales, la reducción de la biodiversidad y la vulneración de derechos territoriales.
Cómo se distingue de los enfoques de mitigación y adaptación
- Mitigación: medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.
- Adaptación: acciones para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante impactos previstos (diques, cultivos resistentes, sistemas de alerta temprana).
- Pérdidas y daños: impactos residuales que ocurren pese a la mitigación y la adaptación, o impactos rápidos/irrecuperables que no pueden ser compensados plenamente.
Clases de daños y pérdidas
- Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
- Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
- Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
- Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.
Situaciones y cifras que evidencian la problemática
- Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en agricultura y vivienda; las estimaciones internacionales señalaron que millones quedaron desplazados y hubo miles de millones de dólares en daños.
- Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi provocó muertes masivas, destrucción de infraestructura y pérdidas económicas que se estimaron en miles de millones de dólares, además de un impacto humanitario prolongado.
- Huracán María en Puerto Rico (2017): colapso de servicios esenciales y daños valorados en decenas de miles de millones de dólares según distintas estimaciones; evidenció cómo impactos extremos generan crisis sanitarias y migraciones internas.
- Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (por ejemplo, comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y pérdida de territorio, obligando a planificar reubicaciones transnacionales o nacionales.
- Sequías y agricultura: en regiones del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías recurrentes y plagas vinculadas al clima reducen ingresos agrícolas, incrementan inseguridad alimentaria y empujan migraciones.
Marco internacional y política
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el tema de las pérdidas y los daños ha figurado durante años en las negociaciones; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el propósito de coordinar análisis y brindar apoyo técnico.
- Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron establecer un fondo destinado a abordar pérdidas y daños, centrado principalmente en apoyar a las naciones en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. Para ponerlo en marcha es necesario definir su modelo de gobernanza, las fuentes de financiamiento y los criterios de acceso.
- Tensión política: continúa el desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si este respaldo debe entenderse como reparación, compensación o un gesto de solidaridad; algunos temen incurrir en responsabilidades legales mientras otros exigen justicia climática.
Valoración, asignación y reconocimiento del valor
- Ciencia de atribución: permite determinar hasta qué punto el cambio climático generado por actividades humanas incidió en la recurrencia o intensidad de un evento extremo, ofreciendo sustento para decisiones de financiamiento aun cuando no siempre aporta conclusiones firmes en cada caso.
- Valoración económica: cuantificar daños directos suele ser relativamente directo (infraestructura, producción), aunque calcular pérdidas no económicas —identidad, expresiones culturales o biodiversidad— presenta mayores complejidades y con frecuencia resulta insuficiente al convertirlas en montos monetarios.
- Brechas de datos: los países con menor capacidad estadística afrontan barreras para medir impactos y justificar solicitudes de apoyo, lo que incrementa las desigualdades en el acceso a recursos.
Sistemas de respuesta y financiamiento
- Prevención y reducción del riesgo: impulso a obras de infraestructura resistente, ordenamiento del territorio y recuperación de ecosistemas.
- Mecanismos de seguro: seguros nacionales y fondos regionales contra desastres (por ejemplo, instrumentos operativos en el Caribe y el Pacífico) que facilitan desembolsos ágiles después de fenómenos extremos.
- Financiamiento internacional: aportes no reembolsables, créditos en condiciones favorables, ajustes de deuda y el reciente fondo de pérdidas y daños establecido en negociaciones globales.
- Medidas innovadoras: alternativas como gravámenes al carbono, tarifas aplicadas al transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada vía despierta discusiones sobre justicia y efectividad.
Desafíos operativos y éticos
- Equidad: los países que menos han aportado al calentamiento suelen enfrentar los efectos más duros; existe un sólido fundamento moral para impulsar transferencias financieras del Norte global hacia el Sur global.
- Responsabilidad vs. solidaridad: la petición de resarcir daños históricos se topa con la renuencia de ciertos Estados a asumir obligaciones legales y económicas.
- Implementación operativa: es necesario precisar quién podrá utilizar el fondo, cómo se establecerán las prioridades, de qué manera garantizar transparencia y cómo asegurar que los recursos alcancen efectivamente a las comunidades perjudicadas.
- Pérdidas no asegurables: algunos perjuicios, como la desaparición de territorios insulares o de la identidad cultural, no pueden resolverse únicamente con dinero; requieren respuestas políticas más complejas, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.
Buenas prácticas y propuestas
- Combinar enfoques: prevención, preparación, seguros y financiamiento a largo plazo para cubrir tanto pérdidas económicas como inversiones en resiliencia.
- Empoderar comunidades: incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en diseño y ejecución de medidas para asegurar relevancia cultural y efectividad.
- Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y seguimiento del uso de fondos.
- Soluciones regionales: cooperar en fondos y compras de cobertura regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.
Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.
