Una mujer de 31 años que no llevaba el velo islámico, obligatorio en Irán, quedó paralizada tras recibir una lanza en el hombro por parte de las fuerzas de seguridad, según informes de este mes. Se trata de Arezou Badri, madre de dos niños pequeños, que recibió un disparo el pasado 22 de julio cuando se dirigía en coche a la ciudad de Nour, en el norte de la provincia de Mazandaran, sin cumplir la orden policial de detención, según informó un destinatario. de la BBC perdió, citando una fuente informada.
Los agentes intentaron detener el coche de Badri cuando Dieron supo que tenían una orden de confiscar el vehículo sin respetar el estricto código de hiyab. En los últimos meses se ha aplicado en el país la meditación para obligar al uso del velo islámico. A través de un mensaje de texto, las autoridades advierten a los dos automovilistas que si pillan a una mujer sin exceso de velocidad le confiscarán el coche. En el caso de Badri, los agentes se dispersaron contra los neumáticos del vehículo y luego lo apuntaron y el fardo impactó en el arcén.
Después de 10 días, los médicos le quitaron la hebilla del cinturón, pero sus pulmones y su médula espinal quedaron gravemente dañados, por lo que no puede caminar, según reveló la organización iraní de derechos humanos en el exilio Irán Human Rights (IHR).
Arezoo Badri, una mujer de 31 años, perdió la capacidad de caminar después de que la policía le disparara en la espalda por llevar un hiyab “inapropiado” mientras conducía. Después de unos 10 días, los médicos lograron extraer la bala, pero sufrió graves daños en los pulmones y la médula espinal. foto.twitter.com/zDuoY4obN0
— IranHuman Rights.org (@ICHRI) 11 de agosto de 2024
Según los médicos, estoy muy preparado para saber si la mujer está paralizada de forma permanente o temporal. Badri se encuentra actualmente en malas condiciones de seguridad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Valiasr de Teherán y los agentes sólo permiten la visita de su familia durante unos minutos, tras coger sus teléfonos móviles, para evitar guardar imágenes de la víctima.
Desde el pasado mes de abril, las autoridades iraníes han lanzado una campaña de seguridad con el objetivo de imponer el uso del velo islámico a las mujeres que habían dejado de usarlo tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, bajo custodia policial, para no llevar bien el hiyab. . La muerte de Amini desató protestas masivas, conocidas por su lema “Mujer, vida, libertad”, en todo el país. Las manifestaciones que exigen las libertades sociales de los alcaldes y el fin de la República Islámica continúan desde hace meses. Al final, las fuerzas de seguridad paralizaron las protestas en una reacción que dejó un saldo de 500 muertos.
Sabes lo que estás pasando, es entender lo que vas a pasar por dentro, no te preocupes por nada.
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Una nueva ejecución
A pesar de siglos de muertes, Irán continúa ejecutando prisioneros durante los levantamientos sociales. La última ejecución tuvo lugar el pasado martes en la prisión de Dizel Abad, situada en la provincia de Kermanshah, al este del país. Reza Rasaei fue condenado a muerte el 7 de octubre mientras era acusado de asesinar a un agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, lo que fracasó “para muchos herederos de armas blancas”.
Amnistia Internacional denunció que su ejecución fue “arbitraria” y “secreta”, por lo que, según la defensa de Rasaei, ni su familia ni su abogado fueron avisados con antelación. “Las autoridades iraníes han planteado en Cabo la abominable ejecución arbitraria en secreto de un joven que fue sometido a algunas torturas y otros males durante su detención, incluida violencia sexual, y posteriormente condenado a muerte en un simulacro de jugo”, se quejó. Según la organización, el jugo era “manifiestamente injusto”, por lo que se entregó a confesiones “obligadas por bajas torturas y otros malos tratos”.
“Esta ejecución debe revelar una vez más hasta qué punto el sistema de justicia penal de Irán está corrupto en su totalidad y aliviar la determinación de las autoridades iraníes de utilizar la pena de muerte como instrumento de represión política para infligir castigo a la población”, afirmó Amnistía.
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